"Narcos y minería ilegal matan a líderes sociales"

Tomado de: El Nuevo Siglo
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El defensor del Pueblo, Carlos Negret, señaló que se han registrado 1.351 amenazas, 196 homicidios y 44 atentados contra defensores de derechos humanos y otros voceros de las comunidades

A los 196 líderes sociales asesinados durante este año y a los 343 que se registraron entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, se sumó el domingo Humberto Díaz, cuyo homicidio ocurrió en Gigante, Huila.

Para mañana se está convocando a una marcha para proteger la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales que viven en las regiones de Colombia.

Según el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, los 196 asesinatos registrados se ejecutaron entre marzo de 2018 y mayo de 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses con más homicidios de este tipo. Además, la entidad sostiene que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneratorias, de las cuales 1.351 fueron amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas. Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, son las regiones con mayor número de amenazas.

Negret explicó que los asesinatos son cometidos por todos los espectros de los grupos al margen de la ley y tienen que ver con el control del narcotráfico y la extracción ilegal de oro. Si bien la Defensoría ha condenado de manera constante estos hechos, en el país se siguen registrando.

 

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué pasa con los líderes sociales?, ¿quién los está matando?

CARLOS NEGRET: La cifra después de nuestra alerta temprana es de 196 líderes asesinados entre marzo de 2018 y mayo de 2019. Tenemos casi 982 amenazados.

Quienes están perpetrando estos asesinatos son los grupos al margen de la ley de todos los espectros: los sucesores de los desmovilizados de las Auc, los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el Eln, el Epl, las disidencias de las Farc y los grupos y bandas criminales como los puntilleros.

ENS: ¿Cuáles son las razones por las que asesinan a los líderes?

CN: Por un control territorial de dos economías ilegales: la economía ilegal del narcotráfico que tenemos que parar, porque está llegando a nuestra sociedad y juventud; el consumo en Colombia está disparado. Por otro lado está la extracción ilegal de oro que está acabando con nuestros territorios.

ENS: ¿También hay problemas con la restitución de tierras?

CN: Sí, existen problemas en ciertas zonas como los llanos orientales, el Urabá antioqueño y el Urabá chocoano.

ENS: ¿Cuáles son las zonas del país con mayor riesgo?

CN: El Bajo cauca antioqueño, el Catatumbo, todo el andén Pacífico y en especial Cauca, Nariño, Valle, la zona del Meta, Guaviare, todo lo que tiene que ver con Monte Líbano, San José de Urué y Tierra Alta. Este último municipio fue donde hace unos días el país presenció la tragedia de María del Pilar Hurtado. Como ella hay muchas y ese video tan doloroso debe llevarnos a reflexionar y a marchar en defensa de nuestros líderes.

El próximo 26 de julio vamos a salir a marchar. Yo como Defensor del Pueblo hago un llamado para que esta marcha sea completamente apolítica, en defensa de los líderes sociales, para que clamemos que no exista ninguna amenaza a los líderes y lideresas de derechos humanos. No podemos hacer política sobre la sangre derramada de nuestros líderes sociales en Colombia.

 

Las acciones del Gobierno

El Gobierno implementó para proteger a estas personas el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO).

Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, “hemos diseñado junto al presidente Iván Duque un plan para coordinar acciones entre las diferentes entidades de orden territorial y de orden nacional que tiene como fin dar respuesta a la situación de violencia contra defensores de derechos humanos ante cualquier riesgo que se origine en el territorio. Vamos a los territorios a decir que no están solos y que el Estado tiene un gran compromiso para defender la vida de los líderes”.

Según el Gobierno, el Plan fue el resultado de un proceso de análisis y de la búsqueda de alternativas rápidas para coordinar a las autoridades que tienen competencia en materia de protección a los líderes sociales.

El consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, aseguró el 17 de julio que gracias a la implementación del PAO se presentó una reducción del 50% en el asesinato de líderes sociales en el país, si se compara con el mismo período del gobierno anterior.

“Aquí hay una respuesta concreta del PAO. Durante el gobierno anterior se presentaron 80 homicidios en ese período y hoy tenemos 40 homicidios. Es impactante desde el punto de vista del trabajo que hemos venido desarrollando por parte del Gobierno nacional”, aseveró.

 

 


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