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Sancionada ley que protege a mujeres contra la violencia

Esta ley fue trabajada desde la “Mesa por una ley integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias” convocada por la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, conformada por organizaciones de mujeres, organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades del Estado, la academia y las agencias del Sistema de Naciones Unidas que trabajaron conjuntamente con la “Bancada de Mujeres del Congreso de la República”.

Por primera vez en la historia legislativa se tiene una definición de VIOLENCIA CONTRA LA MUJER entendida como “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado (Art. 2, ley 1257 de 2008).

Al contemplarse las anteriores formas de violencia, se facilitará el acceso a la justicia por parte de las mujeres quienes podrán ejercer sus derechos reconocidos tanto en el ordenamiento jurídico interno como internacional ante las autoridades judiciales y administrativas.

Igualdad real

Otro aspecto de gran importancia lo constituyen los principios de interpretación que deberán tener en cuenta operadores y operadoras al aplicar esta ley, como son: la igualdad real y efectiva frente a las políticas públicas; los derechos de las mujeres son derechos humanos; la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado; integralidad en la atención, autonomía, coordinación interinstitucional; no discriminación, y atención diferenciada.

Además de los derechos reconocidos en la Constitución Política, en otras leyes o en los tratados o convenios internacionales, esta ley reconoce particularmente a las mujeres el derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal.

Medidas de Protección

Consagra la Ley 1257 de 2008 medidas de sensibilización y protección a cargo del Gobierno Nacional, de los Departamentos y Municipios, del Ministerio de Protección Social, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Comunicaciones, tendientes a formular e implementar políticas públicas, así como procedimientos de prevención y atención que reconozcan las diferencias y desigualdades sociales y biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.

Dentro de las medidas de protección que deben adoptar las autoridades administrativas y judiciales a favor de las mujeres víctimas de violencia se incluyeron como nuevas: la custodia de los hijos e hijas; las visitas y las pensiones alimentarias; la suspensión al agresor de la tenencia o porte de armas; la decisión del uso y disfrute de la vivienda familiar; el acompañamiento de la policía para el reingreso de la víctima a su domicilio; la prohibición al agresor de enajenación o gravamen de sus bienes en caso de estar la sociedad conyugal o patrimonial vigente y la devolución inmediata por parte del agresor de los objetos de uso personal y documentos que tenga retenidos de propiedad de la víctima.

De igual manera, la Ley 1257 dedica un capítulo a las medidas de atención resaltando la garantía de habitación y alimentación de las mujeres víctimas a través del Sistema General de Seguridad Social, la asistencia médica, sicológica y siquiátrica incluidos los hijos e hijas y la responsabilidad de lograr la estabilización de las víctimas a través de varios mecanismos, entre ellos, el acceso a cursos educativos, técnicos o superiores, el acceso a actividades extra curriculares para hijos e hijas e intervenciones de apoyo que les permitan superar las secuencias de la violencia de que han sido objeto.

Acoso sexual como delito

Otro logro significativo en materia penal, lo constituye la tipificación del acoso sexual como delito y la agravación de las penas para algunos delitos como el homicidio y el homicidio en persona protegida, cuando se cometa contra una mujer por el hecho de ser mujer; en materia de secuestro extorsivo se amplía a la unidad doméstica; en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales se incluye igualmente cuando son cometidos al interior de la unidad doméstica, sobre personas en situación de vulnerabilidad y adicionalmente respecto a la intención de generar control social, temor u obediencia. 

Frente al delito de proxenetismo se amplía a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, cónyuge o compañera/o permanente o cualquier persona integrada a la unidad doméstica, y en cuanto a los delitos contra la familia en particular en el delito de maltrato mediante restricción a la libertad física se definió el “grupo familiar” comprendiendo a los cónyuges o compañeros permanentes, padre y madre de familia, ascendientes o descendientes de los anteriores, hijos adoptivos y todas las personas integradas a la unidad doméstica.

Implementación de la ley

La Defensoría del Pueblo insta al país en general, a los funcionarios y las funcionarias públicos competentes en la atención de las violencias de género, a las instituciones y a la sociedad civil, a impulsar la implementación de esta ley que permitirá a las mujeres colombianas vivir una vida libre de violencias, permitirá igualmente mejorar los procesos de prevención, protección, atención y sanción contra todas las formas de violencia y discriminación y generará políticas públicas que fortalecerán las estrategias, planes y programas tendientes a erradicar las violencias de género. Finalmente invita a las familias colombianas a fomentar y promover el respeto, el amor y el trato digno e igualitario entre todos sus integrantes en procura del ejercicio pleno y la garantía de los derechos de las mujeres.