Defensoría pidió garantías laborales para trabajadores de Electricaribe y evitar la afectación de la comunidad por fallas en el servicio

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Defensor sobre Electricaribe
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El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, pidió garantizar los derechos de los trabajadores de Electricaribe al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza Daza.

Durante una reunión sostenida entre los dos funcionarios, se reiteraron manifestaciones realizadas en tres resoluciones defensoriales (2004, 2005 y 2010), en las cuales la Entidad planteó recomendaciones dirigidas a la defensa de los derechos de los habitantes de los siete departamentos de la Región Caribe, que se han visto vulnerados por la mala prestación de este servicio por la empresa Electricaribe.

Las causales de la intervención a la empresa coinciden con las advertencias hechas por la Defensoría desde 2004 y ponen en evidencia que, pese a estar diagnosticadas, Electricaribe no adoptó los correctivos requeridos. Entre los factores más importantes se encuentran la incapacidad e inviabilidad financiera de la empresa resultado de los altos niveles de pérdidas, bajo recaudo y altos costos de funcionamiento; la imposibilidad de ofrecer garantías financieras para la compra de energía; problemas de liquidez originados por las diferencias entre el recaudo y las deudas por pagar, las pérdidas tanto técnicas como las asociadas a conexiones fraudulentas, entre otras.

Negret Mosquera insistió en que como consecuencia de la liquidación no se pueden afectar los derechos pensionales de los trabajadores de la empresa, ni los de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de calidad. Ya que la falta de energía eléctrica vulnera otros derechos de los pobladores de la zona como: a la salud (pone en riesgo la conservación y preservación de vacunas, no se pueden realizar procedimientos quirúrgicos y no se presta el servicio a la salud de manera eficiente), a la educación (falta de acceso a equipos e internet), al agua potable, a la seguridad y a la tranquilidad por la falta de alumbrado público, y a la seguridad alimentaria porque no se pueden conservar los comestibles que requieren refrigeración. De la misma manera, se atenta contra el patrimonio de los usuarios ya que se producen daños frecuentes en los electrodomésticos, así como pérdidas en las actividades comerciales, turísticas y productivas, entre otras, lo que incide en la economía regional.

La Defensoría desde el momento de la intervención realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos (noviembre de 2016) ha hecho seguimiento y acompañamiento al proceso instando a que se redoblen los esfuerzos encaminados a mejorar el servicio en la Costa Caribe, buscando la prevalencia del derecho a una eficiente y oportuna prestación del servicio público de energía eléctrica en sí mismo y por su relación directa con otros derechos, para aportar a la vida digna de la población y al orden público y económico de la región.

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