La Defensoría vela por un desminado, con seguridad y respeto a los derechos humanos

Defensoría del Pueblo: Defensoría del Pueblo constató trabajo de desminado en vereda Falditas del municipio de San Rafael, Antioquia.
Defensoría del Pueblo constató trabajo de desminado en vereda Falditas del municipio de San Rafael, Antioquia.

En Colombia, entre 1990 y febrero de 2017, se han reportado 11.479 víctimas de minas antipersonal, de las cuales 7.028 pertenecen a la fuerza pública y 4.451 civiles. Durante los primeros dos meses de 2017 se han reportado 17 víctimas. Este es el panorama que ha entregado la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) de la Presidencia de la República.

En este momento histórico que atraviesa el país por la implementación de los acuerdos de paz, hombres y  mujeres, desmovilizados, víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado, dedican sus jornadas laborales a recorrer con máxima cautela las llamadas “zonas de peligro”, que son aquellas áreas que han sido contaminadas con minas antipersonal, munición sin detonar y artefactos explosivos improvisados.

A la fecha se han reportado los siguientes municipios libres de sospecha de presencia de estos artefactos: El Dorado (Meta), Zambrano (Bolívar); Guatapé, La Unión, Nariño, San Carlos y San Francisco (Antioquia) y San Vicente de Chucurí (Santander).

 

Según información oficial el departamento de Antioquia cuenta con el mayor número de víctimas del país, 2.527.

 

La Defensoría del Pueblo hizo acompañamiento y verificación a la vereda Falditas del municipio de San Rafael (Antioquia), una zona que está siendo desminada por la organización civil The Halo Trust. La Entidad pudo constatar que quienes realizan el trabajo de desminado (desminadores, líderes o supervisores) realizan su labor en máximas condiciones de seguridad y que sus derechos no son vulnerados en ninguna forma.

Allí trabajan juntos desmovilizados de la guerrilla de las Farc y de las autodefensas; víctimas de desplazamiento, familiares de víctimas de minas y comunidad de la región. Ellos reflejan que hoy son familia en medio de su trabajo diario y sobrepasando sus dolorosas vivencias. Se abrazan en gestos cotidianos de reconciliación, con la esperanza de que su aporte sea un factor importante en la construcción de paz del país y que todos los colombianos puedan gozar de la tranquilidad que ellos experimentan.

“Fue como estar sentada en medio del conflicto, pero con la diferencia de que es un territorio en paz, donde los actores de diferentes bandos se han reconciliado y tienen la capacidad de expresar sentimientos sinceros, fraternos, que emocionan hasta las lágrimas” narró Diana Sorzano, funcionaria de la Defensoría que acompañó este proceso en el terreno.

Se trata de colombianos entre los 20 y 40 años que durante el día realizan un trabajo de héroes, una labor que pocos están dispuestos a realizar: limpiar palmo a palmo terrenos denominados peligrosos, áreas de las que se sabe o se tiene sospecha de que están “conta-minadas” con explosivos y que deben quedar en óptimas condiciones para el uso de las comunidades.

Los civiles realizan un trabajo especializado de jardinería en el que cortan ramas, despejan terrenos reducidos, con indumentaria de seguridad y bajo los lineamientos de expertos. Las minas antipersonal son desactivadas con cañones de agua, los demás artefactos encontrados son detonados por personal especializado del ejército.

 

Así definen su trabajo los desminadores: “es algo muy bonito… uno está aportando a la paz de una u otra manera; se evitan accidentes con niños, hasta con la misma familia de uno… la gente no sabe por dónde anda ni que se puede encontrar, le aportamos al país”.

Son optimistas a pesar del constante peligro que enfrentan, “yo sí creo en la paz, me gustaría que la hubiera, a nosotros si nos ha tocado la guerra de verdad, sabemos lo que es perder una familia, a mí me tocó todo… yo ponía las minas porque me obligaban…”.  

Cada vez que encuentran una mina o artefacto hacen una gran celebración porque saben que están salvando vidas y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.

La comunidad agradece la labor que se realiza y al gobierno por despejar, literalmente, la zona donde hay escuelas, animales y cultivos; por fin los patios y jardines de sus casas son transitables.

La organización de desminado, The Halo Trust, es una de las nueve organizaciones civiles autorizadas para realizar esta labor, centra sus operaciones en los departamentos de Antioquia, Cauca, Meta, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. 

Estos héroes anónimos se sienten orgullosos de lo que hacen y reclaman de la sociedad que cambie la creencia de que están cumpliendo con un castigo; no lo hacen por obligación, lo hacen por gusto y se sienten muy orgullosos de salvar vidas.

La Defensoría del Pueblo, acorde con el Decreto 3750 de 2011, debe garantizar que el proceso de desminado cuente con condiciones de respeto de los derechos humanos y que toda acción se realice con enfoque de derechos y protección de la población civil.

Para la entidad es fundamental informar a las comunidades afectadas sobre los riesgos y sus derechos, realizar observaciones y recomendaciones a las autoridades, realizar diagnósticos de alcance general sobre la situación de la problemática y acompañar las labores de monitoreo externo de calidad del Desminado Humanitario.

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