Instituciones y Sociedad deben estar dispuestos permanentemente para garantizar la vida e integridad de las mujeres: Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo: Entre enero y febrero de 2017 la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género atendió 19 nuevos casos de feminicidio y 11 tentativas.
Entre enero y febrero de 2017 la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género atendió 19 nuevos casos de feminicidio y 11 tentativas.

La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, hizo un fuerte llamado a que las instituciones y la sociedad actúen contundentemente ante casos de la violencia contra las mujeres y su más grave expresión: el feminicidio.

En la última semana, la Defensoría del Pueblo a través de sus profesionales especializadas en asuntos de género, ha tenido conocimiento de cuatro casos en Cali (Valle), Barranquilla (Atlántico), y Chinchiná y Medellín (Antioquia), además del ocurrido esta semana en Bogotá.

En el año 2016, a través de estos equipos, se brindó acompañamiento a 73 casos de feminicidio y a 81 de tentativa. Además, entre enero y febrero de 2017 se atendieron 19 nuevos casos de feminicidio y 11 tentativas. “Pero más allá de las cifras, está la necesidad de las mujeres que requieren de una respuesta contundente por parte del Estado y de la propia sociedad para que no se den este tipo de hechos”, aseguró la Delegada Diana Rodríguez.

Colombia cuenta con todos los instrumentos legales necesarios para evitar las expresiones de violencia contra las mujeres, brindar las medidas de protección necesarias y sancionar a los agresores. Sin embargo, este continúa siendo un delito desestimado a pesar de los esfuerzos de algunas instituciones en el nivel nacional, como el Instituto Nacional de Medicina Legal que cuenta con la valoración de riesgo feminicida y la Fiscalía General de la Nación que está elaborando una estrategia para la actuación frente a estos temas. Sin embargo, en el día a día, en los despachos de las instituciones competentes del nivel territorial no se actúa con la debida contundencia.

La Corte Constitucional en la Sentencia 772 de 2015 señaló que la Fiscalía General de la Nación, los Comisarios de Familia y Jueces Civiles o Promiscuos municipales, así como los Jueces de Control de garantías, son garantes de la vida e integridad de las mujeres, ya que al recibir cualquier denuncia por violencia intrafamiliar o violencia de género deben actuar según la Ley 1257 de 2008, y establecer todas las medidas de protección que consideren necesarias, en el menor tiempo posible.

En este sentido la Delegada Rodríguez aseguró que se requiere que las gobernaciones y alcaldías reconozcan la necesidad de actuar con fuerza y asignen los presupuestos necesarios para contar con albergues y lugares seguros para la protección de las mujeres, así como con los mecanismos necesarios para salvaguardar sus vidas.  Reiterando además el llamado al Ministerio de Salud para hacer efectivas las medidas de atención, ordenadas por esta ley (art 19) desde el año 2008.

Así mismo hizo un llamado a la sociedad en general, a los testigos de hechos violentos contra las mujeres, a los familiares y las propias víctimas que actúen de inmediato alertando a las autoridades y exigiendo el cumplimiento de sus derechos para atacar estos fenómenos de agresión en contra de las mujeres en todo el país.

“Estas muertes se pueden prevenir, por esta razón, la Defensoría del Pueblo rechaza enérgicamente estos hechos y se une al reclamo de #NiUnaMás”, señaló Rodríguez quien se encuentra en Mocoa (Putumayo) apoyando la atención de las mujeres víctimas de la tragedia provocada por la avalancha de tres ríos por la temporada invernal.  

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