Puesta en marcha de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición es necesaria pero con ajustes

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, presentó ante la Corte Constitucional el concepto de la Entidad sobre el Decreto Ley 588 de 2017 “por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición”.

En el documento entregado se resaltaron la importancia y la necesidad de la entrada en funcionamiento de la Comisión como mecanismo extrajudicial destinado a garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto a partir del reconocimiento voluntario de quienes participaron directa o indirectamente.

Sin embargo, la Defensoría advirtió varios reparos frente a algunas disposiciones en el marco de la regulación de la CEV. En primer lugar, la Entidad solicitó que se garantice la transversalidad del enfoque étnico en el ámbito de trabajo de la Comisión para esclarecer y promover el reconocimiento de las condiciones históricas de discriminación étnico-racial a las que han sido sometidos los pueblos indígenas, las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y el pueblo ROM en el marco del conflicto armado colombiano.

En segundo lugar, el Defensor solicitó que el inicio del término para cumplir el mandato de la CEV se ajuste a la posibilidad de contar con las resoluciones adoptadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, en tanto constituyen los insumos esenciales para la consolidación de sus primeros acercamientos al impacto social y humano del conflicto, de cara al descubrimiento de la verdad judicial.

En tercer lugar, la Entidad llamó la atención sobre la necesaria coordinación y articulación de la CEV con los demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para garantizar la recolección de información articuladamente con organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Para ello, en el concepto, la Defensoría pidió que se determinen los canales de comunicación con la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, para lo cual será importante la creación y puesta en marcha del protocolo de cooperación e intercambio de información establecido en el Acuerdo Final.

También se solicitó en el concepto que las medidas establecidas para facilitar el acceso a la información por parte de la Comisión deben ser complementadas con estándares internacionales de protección y de derecho a la verdad, teniendo en cuenta que no existe una regulación específica que contribuya al esclarecimiento de la verdad y promueva el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

En este orden de ideas, Negret Mosquera estimó relevante implementar la moratoria o suspensión de los procesos de eliminación de todos los archivos y bases de datos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, como medida indispensable para evitar la pérdida o el extravío de esta información o de sus fuentes. Así, el Defensor solicitó exhortar al Gobierno Nacional para que asegure la adopción de las reformas legales que sean necesarias en esta materia con base en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República a través del Acto Legislativo 1 de 2016.

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