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Biodiversidad: una prioridad vital para la vida en el planeta

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Nuestro país es megadiverso (el segundo del mundo), lo que impone retos fundamentales de gestión de ese patrimonio que debe ser protegido prioritariamente, tal como se señala en los principios que rigen la política ambiental del país (art. 1, Ley 99 de 1993). Ello, porque todos dependemos y nos beneficiamos de esa riqueza biológica, que tiene relación íntima con los seres humanos, ya que los servicios ecosistémicos que esta presta son el soporte de la vida en el planeta y el supuesto necesario para el desarrollo todos los demás derechos humanos.

Servicios como la provisión y regulación del agua, la regulación del clima, el control de inundaciones, la limpieza del aire, el control de plagas, la recirculación de nutrientes en el suelo, la captura y almacenamiento de carbono, el servicio de polinización, entre otros, y su interrelación con los sistemas culturales humanos tejen complejas relaciones socio ecosistémicas de las que depende el bienestar de los seres humanos y el goce efectivo de derechos como la seguridad alimentaria, el derecho fundamental al agua, al equilibrio ecológico, al ambiente sano, a la salubridad, a la prevención de riesgos, entre otros.

En este sentido, el primer principio orientador de la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad proclama la “prioridad vital de la biodiversidad”, resaltando que la supervivencia de la vida en la tierra depende de su protección.

Sin embargo, esos servicios ambientales indispensables para una mejor calidad de vida se han deteriorado considerablemente y a un ritmo mucho mayor a la capacidad de recuperación y adaptación del planeta, a causa de la transformación de hábitats y de prácticas insostenibles de uso del suelo, de la sobreexplotación, de la contaminación, de las especies exóticas invasoras y del cambio climático, lo que afecta no sólo la capacidad de los ecosistemas para generar beneficios, sino ante todo, la garantía de los derechos mencionados.

Ello, porque la población ve menoscabado o limitado su acceso al agua potable, a alimentos que requieren de polinizadores (ej.: frutas, verduras, cacao, café), a especies de las que depende la provisión de proteína animal que es base de la nutrición de campesinos y grupos étnicos, las que disminuyen a niveles de amenaza o de peligro de extinción, impactando además otros usos económicos, sociales, culturales, mitológicos o sagrados. También se afectan especies que son fuente de medicina tradicional de poblaciones rurales y étnicas, que se funda en el poder curativo de la naturaleza. Adicionalmente, se incrementan las enfermedades por la mala calidad del agua y del aire (ej.: diarreicas, respiratorias, infecciosas), se amplía el rango de distribución de vectores que transmiten enfermedades a zonas a las que antes no llegaban (ej.: malaria, zika) y las comunidades se ven cada vez más expuestas a mayores y más frecuentes situaciones que generan desastres que acarrean pérdidas de vida y patrimoniales.

A la relación indisoluble entre servicios ecosistémicos y bienestar de la población se ha referido la Corte Constitucional declarando que el Convenio sobre Diversidad Biológica versa, en parte, sobre derechos humanos, ya que en su Preámbulo se indica que los Estados lo adoptan “conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento”. Así, la Corte concluye que la biodiversidad cumple una función prioritaria en el logro de los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud y, consecuentemente, los deberes constitucionales del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, se vinculan de manera estrecha con esos derechos.[1]  

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas -ONU- ha reconocido de manera insistente que el cambio climático, que es uno de los motores principales de pérdida de diversidad biológica, representa una amenaza existencial para algunas personas, en especial para los más vulnerables y reconoce que ya ha repercutido negativamente en el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos.[2]

Adicionalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas – ONU-[3] aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un plan de acción a ser implementado por todos los países con 17 Objetivos (ODS) entre los que se encuentra proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y detener la pérdida de biodiversidad. Contienen metas como que, de aquí al año 2020, se integren los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza, llamando a aumentar significativamente los recursos financieros para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad.

La intrínseca relación entre servicios ecosistémicos y calidad de vida está evidenciada de manera contundente en la Política de Gestión de la Biodiversidad, desde el punto de vista técnico, pero falta mucho para que esa visión se plasme debidamente en las políticas sectoriales, en los procesos del planeación y en la normatividad nacional, por lo que la Defensoría del Pueblo exhorta a adicionar a esa relación el enfoque de derechos que se encuentra prácticamente ausente. Una interpretación de esa relación desde este enfoque, conlleva consecuencias normativas de la mayor importancia para posicionar los temas de valoración de la biodiversidad y de la acción estatal y privada frente a sus motores de pérdida, en la agenda nacional con la jerarquía que exige la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos.



[1] Corte Constitucional, Sentencia C-165 de 2015.

[2] Resolución A/HRC/RES/32/33 de 2016 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

[3] Mediante Resolución A/RES/70/1.

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