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Defensoría respaldó la implementación de medidas para avanzar en la Reforma Rural Integral

Cortesía Corte Constitucional: Paula Robledo Silva, Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, durante su intervención en la Corte Constitucional.
Paula Robledo Silva, Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, durante su intervención en la Corte Constitucional.

La Entidad destacó que es fundamental avanzar en una verdadera Reforma Rural que permita fortalecer la institucionalidad agraria e implementar una serie de medidas que protejan y garanticen los derechos de la población campesina, los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, que en su mayoría han sido víctimas de desplazamiento forzado interno.

En este sentido, la delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales, Paula Robledo, sostuvo que no es posible la transformación del campo colombiano, sin devolver las tierras a los despojados: “esto, además de ser un acto de justicia orientado a erradicar la inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, es una condición indispensable para superar la institucionalización de la desigualdad y la exclusión en el sector rural que ha hecho carrera desde la política de tierras en el siglo XIX”.

De otra parte, la Defensoría hizo algunas observaciones sobre determinadas disposiciones en las que se evidenciaron problemas de constitucionalidad, entre otras, advirtió que el Decreto Ley concentra en la Agencia Nacional de Tierras, entidad de la rama ejecutiva, poderes administrativos y judiciales, lo cual resulta inconveniente para realizar un ordenamiento social de la propiedad rural bajo condiciones de imparcialidad y transparencia.

Asimismo, solicitó que la posibilidad de resolver los conflictos territoriales mediante conciliación sea condicionada al respeto de los derechos adquiridos no solo de los pueblos indígenas, sino también de otras poblaciones étnicas y de la población campesina, en atención a las condiciones especiales de vulnerabilidad, relacionamiento con la tierra y exclusión en el ejercicio de sus derechos.

Por último, la entidad encontró que el Decreto Ley 902 de 2017 crea un procedimiento único sobre asuntos de naturaleza agraria en sede administrativa y, eventualmente, judicial, donde se discuten derechos de propiedad, posesión, ocupación y/o tenencia de bienes fiscales o predios rurales de naturaleza privada, pese a la inexistencia de una jurisdicción agraria dotada de una estructura funcional, principios y competencias. Lo anterior, en criterio del Ministerio Público, continúa postergando la consolidación y operatividad de una jurisdicción agraria que está llamada a reafirmar la autonomía e independencia del Derecho Agrario respecto del Derecho Civil,  así como garantizar la tutela efectiva de los sujetos de especial protección constitucional en el campo.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte Constitucional exhortar al Congreso de la República con el objetivo de regular los elementos necesarios para poner en funcionamiento una jurisdicción agraria capaz de equilibrar las desigualdades sociales y económicas presentes en la ruralidad e impulsar una resolución más eficiente de los conflictos por la tierra en nuestro país.

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