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Con intervención de la Defensoría, Corte Constitucional protege derecho al debido proceso de trabajadora de aerolínea

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Mediante sentencia T-293 de 2017, la Corte Constitucional ordenó el amparo del derecho al debido proceso de la señora Ana Margarita McBrown Vásquez, quien desde el año 2007 se venía desempeñando como copiloto en la compañía LATAM Airlines, hasta que en marzo del año 2016, la empresa decidió terminar unilateralmente la relación laboral.

En dicho fallo, teniendo en cuenta el Amicus Curiae elaborado por la dupla de Mujeres y Género de la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá, la Corte Constitucional estableció que aunque en principio los asuntos contractuales y del debido proceso en materia laboral deben ser ventilados en la jurisdicción ordinaria, la protección de este derecho en el caso de mujeres que son despedidas de un cargo en el sector de la aviación comercial —tradicionalmente ocupado por hombres— es un mecanismo necesario para efectivizar la igualdad de género en el ámbito laboral, siendo por lo tanto, un asunto de altísima relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte decretó la procedencia de la acción de tutela, declarando como ineficaz la terminación unilateral del contrato laboral y ordenando a LATAM Airlines el reintegro de McBrown Vásquez a un puesto de trabajo igual al que se encontraba desempeñando, al señalar que es deber del Estado velar por la inserción laboral de las mujeres y garantizar su estabilidad en cargos tradicionalmente ocupados por hombres,

De igual manera, la Corte le ordenó  a la compañía iniciar un proceso de sensibilización entre sus empleados sobre temas que involucren la igualdad y la no discriminación de género en el mundo laboral de la aviación comercial.  

Cabe anotar que entre sus consideraciones, la Corte además reiteró que en el evento en que un juez constitucional verifique la configuración de acoso laboral contra una trabajadora por su condición de mujer, tiene el deber de proteger el derecho a no ser discriminada en razón a su género y adoptar las medidas que mejor garanticen el ejercicio de tal derecho.

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