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Defensoría del Pueblo condena homicidio de líder de restitución de tierras de la región del Urabá chocoano

Defensoría del Pueblo: •	En el presente año, las duplas de género de la Defensoría han mas de 2.300 casos de violencias contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
• En el presente año, las duplas de género de la Defensoría han mas de 2.300 casos de violencias contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, rechaza el asesinato del líder social y reclamante de tierras Mario Castaño Bravo, ocurrido en la noche del 26 de noviembre de 2017.

La Entidad tuvo conocimiento que aproximadamente a las 7:00 de la noche, sujetos fuertemente armados ingresaron a su finca y en presencia de su familia fue asesinado con disparos de arma de fuego.

El señor Mario Castaño Bravo era un destacado líder social y reclamante de tierras y, como tal, un defensor de derechos humanos de la subregión del Bajo Atrato, habitante de la comunidad de La Madre Unión perteneciente al Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó). Así mismo, estuvo vinculado al proceso de restitución de derechos territoriales en el Consejo Comunitario de Curvaradó, toda vez que el predio que reclama está ubicado en una zona limítrofe entre ambos territorios colectivos.

Por su liderazgo fue víctima de desplazamiento forzado en dos ocasiones y de múltiples amenazas contra su vida e integridad. En la actualidad, era uno de los principales referentes de los procesos de reclamación de tierras despojadas y había participado en el proceso de caracterización de afectaciones territoriales encaminado a presentar demanda de restitución de derechos territoriales.

En su proceso de liderazgo había denunciado el accionar de grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC y la estrategia de despojo en la zona, dejando en evidencia la grave situación para las víctimas del desplazamiento forzado en un contexto de permanente revictimización.

La Defensoría del Pueblo había atendido y tramitado solicitudes de protección urgente realizadas por el señor Castaño Bravo, debido a la grave situación de riesgo por las continuas amenazas en un contexto de presencia de hombres armados pertenecientes a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Las entidades competentes le habían asignado un esquema de protección que resultó insuficiente para la preservación del derecho a la vida del líder asesinado.

Las amenazas y vulneraciones de los derechos humanos contra los integrantes y reclamantes de tierras del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, determinaron la presentación de una solicitud de Medidas Cautelares por parte de la  Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras, las cuales fueron otorgadas mediante Auto Interlocutorio número 181 de diciembre 12 de  2014 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Quibdó.

La Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de que se adopten medidas individuales y colectivas de protección.

Este crimen se suma al asesinato del señor Porfirio Jaramillo en el mes de enero del presente año, quien también era reclamante de tierras en La Larga Tumaradó y víctima de múltiples desplazamientos forzados.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades competentes a:

1) garantizar la protección de todos los líderes, lideresas, reclamantes de tierras y autoridades étnicas que se encuentran amenazadas en la región del Bajo Atrato;

2) adelantar acciones de prevención de violaciones a los derechos humanos, así como situaciones de desplazamiento forzado y confinamiento ante el aumento del control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN en zonas como La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla, Curvaradó, Jiguamiandó, Cacarica, Salaquí, Truandó y Domingodó;

3) brindar protección y asistencia humanitaria a la familia del señor Mario Castaño Bravo;

4) avanzar de manera efectiva en el proceso de restitución de tierras y derechos territoriales, garantizando la entrega material de los predios, la protección de las familias desplazadas y despojadas que retornan; y

5) adelantar acciones encaminadas a judicializar a los responsables del despojo, el desplazamiento forzado, las amenazas y la destrucción sistemática de cultivos de pancoger de las comunidades.