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La Defensoría del Pueblo lanzó su política de cero tolerancia con el acoso sexual

La Entidad busca con esta campaña, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la promoción y la divulgación de los derechos humanos, para su eficiente y eficaz funcionamiento.

Con esta política se adopta una herramienta institucional para poner en marcha acciones y estrategias a favor de la prevención, investigación y sanción de posibles casos de acoso sexual al interior de la Entidad.

Por medio de la resolución 510, el comité de Convivencia Laboral diseñó una ruta de atención, con el fin de que las personas conozcan cuál es el mecanismo de denuncia que deben seguir, además de conocer el seguimiento que se le dará a los casos según la gravedad.

“Rechazamos todo tipo de violencia basada en género y hacemos un llamado enérgico para que todos los miembros de la institución actúen en consecuencia”, instó el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

En la resolución, se comprende por acoso sexual “todo comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre, y para que se configure, es necesario que confluyan estos dos elementos negativos”. 

Estos actos van en contravía de los principios que fundamentan el trabajo y la misión de la Entidad. “El acoso sexual constituye una forma de violencia y por tanto, de discriminación en contra de las mujeres, quienes son en su mayoría las víctimas”, Puntualizó Negret Mosquera.

El documento oficial señala que los instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno, han regulado este tema como una conducta que trasciende el ámbito laboral y tiene consecuencias tanto penales como disciplinarias, ya que es considerado como un factor que puede afectar a todas las personas.

Consecuencias del acoso sexual

Según la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, las víctimas de acoso sexual se afectan psicológicamente, sus relaciones interpersonales sufren un deterioro, pueden llegar a padecer enfermedades físicas y/o mentales, incluso pueden llegar al suicidio.

En el ámbito laboral hay disminución de la productividad, desmotivación, ausentismo, y pérdida de confianza en la Entidad como institución garante de los derechos humanos.