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Comunicado de prensa de la Defensoría

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La Defensoría del Pueblo celebra la expedición de la sentencia T-239 de 2018 en la que la Corte Constitucional decidió amparar los derechos fundamentales a la no discriminación y a la libertad de expresión de la profesora Mónica Godoy Ferro, quien fue despedida de la Universidad de Ibagué por acompañar la denuncia de actos de acoso sexual al interior de la institución educativa en contra de trabajadoras y estudiantes, en su labor de defensa de los derechos humanos de las mujeres.

En este pronunciamiento, el Alto Tribunal recuerda que las mujeres sobrevivientes de violencia y que han sufrido amenazas, son sujetos de protección especialísima, lo que impone al Estado obligaciones positivas para erradicar y disminuir los factores de riesgo en los que se encuentra esta población, y, a su vez, transformar todas las instituciones para que provean respuestas efectivas en los casos de violencia de género.

Así mismo, destaca que “los discursos que aluden a la protección de los derechos de las mujeres, y específicamente al derecho a estar libre de violencia, como el abuso y el acoso sexual, que además son delitos, son manifestaciones del derecho a la libertad de expresión de interés público que revisten de una protección especial con fundamento en el deber de debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Teniendo en cuenta esto, la Corte Constitucional es enfática en señalar que la promoción de dicho discurso nunca puede ser un fundamento legítimo para el despido de una trabajadora. En ese sentido, afirma que la discriminación por razón del género constituye un límite al ejercicio de la autonomía universitaria en su fase de autogobierno y libertad contractual y se encuentra proscrita constitucionalmente.

La Defensoría del Pueblo, en su compromiso por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, participó en el proceso de revisión de la acción de tutela interpuesta por la profesora, y llamó la atención sobre la necesidad de que las instituciones de educación superior cuenten con procedimientos de denuncia y rutas para la investigación y sanción de los hechos que constituyan violencia basada en género. Al respecto, la Corte ordenó al Ministerio de Educación Nacional establecer los lineamientos correspondientes para ese propósito.

La Defensoría estará atenta al cumplimiento de este importante fallo que representa un avance en la garantía de todas mujeres a vivir una vida libre de violencia, presupuesto indiscutible para consolidar una sociedad democrática y en paz.