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Tras disparar contra líder Nasa, FARC asesinaron a dos indígenas que desmontaron vallas de Alfonso Cano

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, rechazó enfáticamente el asesinato de dos miembros del cabildo indígena Nasa, en Toribío (Cauca), cuando perseguían a los autores de un atentado fallido contra el líder Edgar Tumiñá, en la vereda El Cestiadero del mencionado municipio.

Las víctimas, quienes acababan de desmontar una valla alusiva al ex jefe guerrillero Alfonso Cano, fallecido en una operación de la Fuerza Pública el 4 de noviembre de 2011 en zona rural de Suárez, fueron identificadas como Manuel Antonio Tumiñá, hermano del citado líder comunitario, y Daniel Coicué, coordinador suplente de la guardia indígena en el resguardo San Francisco.

Las primeras informaciones recopiladas por la Defensoría a través de la Personería Municipal, indican que la acción habría sido cometida por integrantes del sexto frente de las FARC, la misma estructura a la que se atribuye la instalación de explosivos al lado de un puesto de salud en el corregimiento San Andrés de Pisimbalá, en jurisdicción de Inzá, también en el Cauca. Precisamente allí, los guerrilleros que hace menos de un mes habían sembrado un campo minado en pleno parque infantil de la escuela local, instalaron otra valla de Alfonso Cano en un sitio protegido por las normas internacionales de los Derechos Humanos.

El defensor Otálora Gómez insistió en su llamado a los negociadores del Gobierno y de las FARC en La Habana para que desde la mesa de diálogos se exija el respeto al  Derecho Internacional Humanitario, pues negociar en medio del conflicto no implica involucrar a la población civil.

La Defensoría del Pueblo Regional sostuvo una reunión con miembros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del departamento y dispuso el desplazamiento de una misión humanitaria hacia el corregimiento El Tablazo, donde ocurrieron los lamentables hechos.

La Entidad recordó que los pueblos indígenas del Cauca, además de ser sujetos de especial protección en sus derechos de conformidad con la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la OIT, están cobijados por una medida cautelar proferida en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que están incluidos en el Registro Único Nacional de Víctimas como sujetos de reparación colectiva.

Cabe agregar que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido 11 pronunciamientos entre informes de inminencia y notas de seguimiento, en los que se advierte el riesgo para la población indígena del Cauca.