A A Centro de Relevo Magic Jaws

¿Quiénes somos?

La labor de vigilancia al poder público, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se amplió gracias a la creación de la figura del Defensor del Pueblo, especialmente, en cuanto a protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos. Mediante los artículos 281 y 282  de la Constitución, se estructuraron las características, facultades y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, como proyección y desarrollo de la concepción del Estado Social de Derecho.

 

De esta manera se constituye en autoridad estatal, cuya misión consiste en el control de la actividad de la institucionalidad pública y de algunos particulares a quienes se les ha delegado funciones de carácter público, respecto de los derechos fundamentales y las garantías para ejercerlos, para lo cual se le ha surtido de procedimientos flexibles, informales y expeditos para desempeñar sus acciones y tareas.

 

La finalidad del ente Defensorial es la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones  ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. La Defensoría del Pueblo se instituye, entonces, como el organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio nacional como de los colombianos residentes en el exterior.

 

Junto con la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo hace parte de lo que se denomina el Ministerio Público[1], y se constituye, como ya se señaló, en la entidad rectora de la defensa, promoción, protección y divulgación de los derechos humanos.

 

La capacidad que el Constituyente de 1991 le otorgó a la Defensoría del Pueblo parte no sólo del rango constitucional que le confirió, sino además, porque la instaló en el nivel de los estándares internacionales respecto de las líneas programáticas acogidas por las Naciones Unidas, en cuanto a la educación en derechos humanos y el desarrollo de procesos de promoción, difusión y divulgación, como desarrollo de los instrumentos internacionales de los que Colombia es signataria.

 

La misión institucional, de acuerdo con la normatividad vigente, comprende una serie de atribuciones y competencias dadas al Defensor del Pueblo, que por mandato constitucional se enfoca en las siguientes acciones:[2]

 

  • Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.

 

  • Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.

 

  • Invocar el derecho de Hábeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.

 

  • Organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que señale la ley.

 

  • Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.

 

  • Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.

 

  • Rendir informes al Congreso de la República sobre el cumplimiento de sus funciones.

 

Un aspecto singular acerca del surgimiento de la Defensoría del Pueblo es el hecho, no previsto, de cómo la Asamblea Nacional Constituyente tuvo la virtud de anticiparse a los resultados del trabajo adelantado por el Centro de Derechos Humanos que, desde octubre de 1991, había trabajado sobre un amplio conjunto de recomendaciones sobre la función, composición, estatuto y funciones de las instituciones nacionales de derechos humanos o defensorías del pueblo. A dicho cuerpo de recomendaciones se les ha dado el título de “Principios de París[3], principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos en marzo de 1992.

 

En la actualidad la estructura orgánica, la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo está regulada por el decreto 025 de 2014[4] y por lo establecido en el acto legislativo 02 de 2015[5] por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional.

 

 



Documento propuesto y elaborado por Gustavo Robayo Castillo, Profesional Especializado adscrito a la   Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

 

[1]  No existe el llamado Ministerio Público como cartera ministerial, pero fue formulado, concebido y creado como unidad estatal bajo el mandato de la Constitución Política de Colombia de 1991. Se considera que los organismos de control que lo conforman (las tres entidades ya mencionadas) le dan vida a esta institución.

 

[2]  Ver artículo 282 de la Constitución Política de 1991.

@2003 - 2017 Defensoría del Pueblo Colombia - 3.0 - Condiciones de USO