Resoluciones - Defensorial

Resolución 21

La Defensoría del Pueblo investigó las circunstancias de la muerte de Luis Fernando Preciado, recluso de la Penitenciaria Nacional de Valledupar, quien según las denuncias de otros reclusos murió a causa de una golpiza propinada por personal de guardia. Este hecho se suma a una serie de quejas recibidas por la Defensoría sobre excesos en el uso de la fuerza y desconocimiento de los derechos y garantías de los internos.

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Resolución 22

La investigación adelantada por la Defensoría del Pueblo, Regional Bogotá, en coordinación con la Delegada para la Salud y Seguridad Social, sobre el represamiento de las cirugías programadas en el Seguro Social, específicamente en la Clínica San Pedro Claver; el Acta de visita n°.001, de 8 de febrero de 2002, con las declaraciones suscritas por el Subgerente Administrativo General y el Subgerente Administrativo de Salud; el acta de visita n°.002 de 15 de febrero de 2002, con las declaraciones del Coordinador de Ortopedia; el acta de visita n°. 003, de 20 de febrero de 2002, con declaraciones del Coordinador de salas de Cirugía; el acta n°. 004, de 21 de febrero de 2002, que contiene declaraciones del Jefe de la Central de Autorizaciones de la Empresa Promotora de Salud (EPS) del Instituto del Seguro Social (ISS) de la Seccional Bogotá y Cundinamarca; el acta de visita n°. 005, de 01 de marzo de 2002, que incluye declaración del Subgerente Administrativo en Salud; el acta de visita No. 006, de 7 de marzo de 2002, con declaraciones del Gerente Nacional de Servicios Hospitalarios; el acta de visita No. 007, de fecha 5 de abril de 2002, que contiene declaraciones del Gerente Nacional de Servicios Hospitalarios.

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Resolución 23

Más de 1.000 miembros de organizaciones sindicales fueron asesinados en Colombia en la última década. La Defensoría del Pueblo investigó las circunstancias que han provocado la persecución de que vienen siendo víctimas los líderes sindicales de parte de los grupos armados al margen de la ley, y la respuesta estatal ante esta situación. La Defensoría recomendó fortalecer el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sindicales Amenazados que administra el Ministerio del Interior. A pesar de los esfuerzos hechos por la Fiscalía General de la Nación, sigue existiendo un alto nivel de impunidad en las investigaciones por crímenes contra sindicalistas.

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Resolución 24

La supervivencia de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y, Yukpa de la Serranía del Perijá, se encuentra amenazada como consecuencia del conflicto armado. Las denuncias de los pueblos indígenas y las visitas de la Defensoría del Pueblo a la Región han permitido verificar que los pueblos de esta región han sido víctimas de las FARC y las Autodefensas, cuyas acciones violentas se han manifestado en homicidios selectivos, masacres, torturas, retenciones, desaparición de personas, desplazamientos forzados, bloqueo y hurto de alimentos, ingreso arbitrario de actores ilegales a territorios de resguardo, con desconocimiento de los derechos de autonomía, auto-gobierno, jurisdicción y legitimidad de las autoridades indígenas. La Defensoría del Pueblo expidió esta Resolución como fruto de tres años de seguimiento de la situación de estas comunidades.

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Resolución 25

Entre 1.996 y comienzos de 1.997, 15.000 campesinos de las diferentes cuencas de la región del Bajo Atrato, tuvieron qué desplazarse como consecuencia del conflicto armado. Luego de permanecer durante meses en críticas condiciones de hacinamiento, pobreza y permanentes amenazas de los grupos armados, estas comunidades tomaron la decisión de regresar y conformar comunidades de paz. Las personas que habitan en la región del Bajo Atrato, han sido víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y desatención del Estado. La Defensoría del Pueblo investigó su situación.

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