Alrededor de 184.400 empresas cerraron sus actividades el año pasado en Colombia, cifra solo superada en los últimos cinco años por la registrada en el 2020, cuando la pandemia del covid-19 obligó al cierre de 509.370 compañías.

De cara a las cifras presentadas por Informa, plataforma líder en el suministro de información comercial y financiera, si continúan los cierres de las empresas, el crecimiento económico del país entrará en un proceso de estancamiento. De manera que el Gobierno Nacional está en la obligación de garantizar el derecho al trabajo y todos los derechos que se derivan de él, señala la Defensoría del Pueblo.

Las actividades más afectadas por el cierre de compañías en el 2023 fueron las relacionadas con entretenimiento y recreación (60.846 compañías cerradas, el 33%,) y servicios (25.813, el 14,49%,). En el comercio cerraron 9060 empresas, en alojamiento y servicios de alimentación, 4904. Las cifras preocupan porque se aqueja la población trabajadora al tener una menor oferta de empleos, lo que lleva a la vulneración de los derechos laborales y económicos de los ciudadanos colombianos.

El año anterior también registró una disminución de la industria, la cual redujo su producción en 4,9%. No obstante, en el primer trimestre del 2024 se presentó un crecimiento del 3,1% en las actividades de la industria manufacturera, en la construcción y la minería.

Es fundamental que las diferentes entidades del Gobierno hagan énfasis en la ejecución y la realización de los distintos proyectos de inversión. Además, es pertinente revisar el proyecto de reforma laboral, con el propósito de que le incluyan claros mecanismos para generar nuevos puestos de trabajo y formalización laboral”, recalca la entidad garante de los derechos humanos.

Aunque las cifras reportadas por el Dane dan cuenta de que en el primer trimestre de este año se presentó un crecimiento en la economía del 1,7%, marcado principalmente por actividades del sector primario, como la agricultura, se mantiene la preocupación por sectores industriales y por el impacto de la competitividad del país.

Sumado a esto, como factor en contra del crecimiento económico, están los niveles alcanzados por la inflación, que llegó a cifras del 13,25%, teniendo una incidencia importante en el poder adquisitivo de los hogares, lo cual deteriora su consumo y afecta el goce de sus derechos. 

Aunado a la inflación y como medida de política monetaria para contrarrestarla, el Banco de la República ha venido incrementando las tasas de interés, situación que ha conllevado una disminución en la inversión y el consumo. Estos factores producen una disminución en la demanda agregada, que se traduce en un crecimiento económico menor que se ve reflejado en reducidos ingresos para el Estado, las familias, incrementando la pobreza y la desigualdad.

El Gobierno Nacional anunció la presentación de proyectos de ley que buscan eliminar la regla fiscal, ampliar el endeudamiento e inversiones forzosas en sectores determinados y estímulos tributarios para actividades como el turismo ecológico y sostenible y las energías renovables.

Sin embargo, esas propuestas deben ser estudiadas con detenimiento debido a los impactos que pueden tener frente a los índices de calificación externa, además, porque las inversiones forzosas no siempre tienen el resultado buscado y, al contrario, pueden repercutir negativamente en la economía.